El sábado 18 de septiembre, grupos neonazis disfrazados de asociaciones vecinales se manifestaron en Chueca.Los convocantes de la marcha habían comunicado a la Delegación del Gobierno su intención de reunirse para protestar contra las Agendas 2030 y 2050. El acto fue en realidad un festival homófobo. Los manifestantes se pasearon por las calles coreando consignas tan elegantes como “fuera sidosos de Madrid” o “fuera maricas de nuestros barrios”. También alzaron el brazo con la mano extendida para atemorizar a los transeúntes y demostrar al mundo su impunidad. 

La concentración neonazi provocó la repulsa inmediata de todos los partidos del arco parlamentario, incluso de VOX, aunque su condena fue muy sui generis. Los socios de la coalición lamentaron que la Delegación del Gobierno autorizase la marcha y que la policía no interviniese para disolverla cuando se reveló su auténtica naturaleza. Iñigo Errejón, de Más Madrid, recordó que las personas que se habían concentrado para condenar el asesinato homófobo de Samuel sí que habían vuelto a sus casas con unos cuantos porrazos grabados en los muslos. 

La delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, defendió la autorización de la protesta argumentando que no había ningún dato que indicara que la manifestación iba a acabar como acabó, algo que es, en el mejor de los casos, cuestionable, ya que los convocantes de la marcha eran conocidos neonazis. 

La Delegación del Gobierno zanjó el asunto sancionando a los dos convocantes de la marcha con multas de 600 euros. Otros seis manifestantes recibieron sanciones de 800 euros por incumplir la Ley de Seguridad Ciudadana llevando encima armas blancas. El mensaje que de esta manera se manda desde las instituciones no es nada esperanzador. El odio en España continúa saliendo muy barato. La Justicia tiene ahora la oportunidad de enmendar este discurso.

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